El desarrollo económico es esencial para que las personas de un país logren un cierto nivel de bienestar, por lo tanto este desarrollo económico se puede buscar por diversos medios con los cuales en su mayoría en un sentido particular y denotado por una carácter profesional estoy de acuerdo, como es la apertura de los mercados, la industrialización, la digitalización de una nación todo en un marco responsable y sostenible mediante el favorecimiento a la llegada de inversión extranjera para que permita el flujo de capitales a un país, lo cual lo fortalece competitivamente al enfrentarse al mundo y hacer que las empresas innoven y encuentren nuevas maneras de hacer las cosas.
Sin embargo el desarrollo no puede ir en detrimento del medio ambiente, que puede ser considerado en este momento como uno de los más importantes problemas potenciales que Colombia afronta, ante la llegada de capital extranjero para la explotación minera, una actividad que puede ser concebida en algunos momentos como irresponsable y perjudicial para una nación, como lo que esta sucediendo al día de hoy con la minería en Colombia en donde se están empezando a entregar concesiones para la explotación del oro a multinacionales como la sudafricana Anglogold Ashanti que ha vendió con la intención de quedarse en Colombia y para ello ha hecho un conjunto de actividades con el fin esencial de desarrollar una actividad con responsabilidad social empresarial mediante actos encaminados a favorecer a la comunidad tales como pintando escuelas en el Tolima, ayudando a la pavimentación de carreteras, y a su vez mostrando al sector crítico de la minería en Colombia como realizan su procesos mineros y la forma en que este es amigable con el medio ambiente tal como lo ha hecho en otros países donde tiene operaciones como en Sudáfrica, pero hay críticos que aseveran que esas demostraciones no se comparan con la magnitud que el proyecto tendera en Cajamarca tal como lo estableció el senador del polo Guillermo Alfonso Jaramillo "Ellos están llevando a la gente a Minas Gerais y les muestran una mina pequeña que sólo tiene 10 hectáreas de exploración, y no el tipo de explotación que ellos quieren hacer en Cajamarca”. .
“Allá les dicen que manejan bien el medio ambiente y les muestran cómo reforestan. Pero los casos de minería en Argentina, Perú, Guatemala o México muestran lo contrario” ( www.lasillavacia.com).
Por lo anterior se puede considera que lo que dice el senador tiene mucho de cierto y de igual forma el costo ambiental es un precio muy alto que se debe pagar para que un país como Colombia extremadamente rico en recursos naturales, recursos que son sin lugar a dudas el potencial la nación sudamericana, como es de buena parte de los países latinoamericanos, arriesguen su perennidad natural por unos intereses monetarios de corto plazo, es por ello en Colombia ya han empezado a haber algunas sublevaciones de organizaciones ambientales que se preocupan por la conservación ambiental, siendo también el caso de algunos sectores como el de los actores, quienes mediante un emotivo y reflexivo video permiten entender cuál es la magnitud del problema que puede ser la minería en el país y con el cual concluyo este articulo.
El desarrollo económico es esencial para que las personas de un país logren un cierto nivel de bienestar, por lo tanto este desarrollo económico se puede buscar por diversos medios con los cuales en su mayoría en un sentido particular y denotado por una carácter profesional estoy de acuerdo, como es la apertura de los mercados, la industrialización, la digitalización de una nac
El desarrollo económico es esencial para que las personas de un país logren un cierto nivel de bienestar, por lo tanto este desarrollo económico se puede buscar por diversos medios con los cuales en su mayoría en un sentido particular y denotado por una carácter profesional estoy de acuerdo, como es la apertura de los mercados, la industrialización, la digitalización de una nacion.
Video sobre la mineria :
MINERIA Y AGUA
Este 2011, frente al inicio de las renegociaciones de las empresas con el Estado en marzo pasado, la Unión de Sistemas de Agua (Unagua) convocó a una consulta comunitaria que se realizó el 2 de octubre en las parroquias Tarqui y Victoria del Portete. Esta acción motivó también un pronunciamiento, primero del prefecto de Azuay y luego del Concejo Cantonal.Aunque representantes de estos tres organismos tienen igual objetivo de defender los territorios donde nacen fuentes hídricas y de oponerse a una explotación minera que afecte al ambiente, sus posiciones difieren y generan una confrontación entre grupos que lideran estas protestas y autoridades.En las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, ubicadas a 12 y 20 km al occidente de Cuenca, y en la Molleturo, a 70 km al sur occidente de la urbe, el Gobierno central determinó como estratégicos dos proyectos mineros a gran escala.A la empresa canadiense I Am Gold el Estado le adjudicó 8.000 ha en Quimsacocha (Tres Lagunas, en quichua), territorio que también alcanza a los cantones Girón y San Fernando. En Molleturo y Chaucha, el proyecto Río Blanco, con 5.700 ha, fue entregado a International Mineral Corporation. Ambas concesiones se otorgaron en el 2002 para la extracción de oro, plata y cobre, pero la exploración cesó en el 2009 tras la expedición del mandato minero en este Gobierno.
Después de eso, Unagua presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del mandato minero por considerar que en las dos zonas concesionadas existen bosques protectores donde nacen fuentes hídricas que abastecen a sus sistemas.Carlos Pérez Guartambel, dirigente de Unagua, es uno de los 200 dirigentes comunitarios acusados de sabotaje a los servicios públicos el año anterior, en protesta contra la Ley Minera (vigente desde enero del 2009) y el mandato minero (decretado el 18 de abril del 2008), creados en el actual Gobierno, y que a su juicio no anula la exploración, sino que da plazo a las empresas que se dedican a esta actividad.En su enlace del 9 de octubre, el presidente Rafael Correa dijo que Pérez es un político fracasado y que manipuló la consulta comunitaria que realizó el 2 de octubre por Unagua.En septiembre pasado, el prefecto azuayo, Paúl Carrasco, presentó una demanda de inconstitucionalidad de tres artículos de la Ley Minera. Adujo que al gobierno provincial le compete otorgar licencias ambientales, según el Código Orgánico de Organización Territorial, y cuestionó que el Ministerio del Ambiente asuma esa facultad.Propuso un estudio de impacto ambiental, independiente a los realizados por la empresa municipal Etapa y las mineras, para determinar la factibilidad extractiva. Además felicitó al Concejo de Cuenca porque el pasado 2 de agosto publicó un manifiesto exigiendo respeto para determinar uso y ocupación del suelo y pidió una moratoria de la actividad minera en su territorio.El alcalde Paúl Granda rechazó el apoyo del prefecto por considerarlo ‘oportunista’ y a dos días de la publicación del manifiesto se pronunció contra “algunos de sus artículos”, sin precisar cuáles. En sesión ordinaria del Concejo, el pasado 6 de octubre, sin constar en el orden del día, el alcalde pidió a los quince ediles reformar el contenido del manifiesto que esa noche debía entregarse como carta al presidente de la República y que aún no se le hace llegar.
Comentó que los ministros del Ambiente, Recursos No Renovables, Sectores Estratégicos, Interior y asambleístas de Azuay le pidieron definir en un estudio los datos sociales y técnicos para que se atienda la resolución.
Federico Auquilla, viceministro de Recursos no Renovables, insistió en que la responsabilidad de la actividad minera en el país es de esa cartera de Estado, de la del Ambiente y de la Secretaría Nacional del Agua. Con esto, dijo, el Concejo acepta su facultad para determinar uso y ocupación del suelo, pero no del subsuelo.
Calificó de ‘mentirosa’ la información de los dirigentes comunales que se oponen a los procesos de concesión en Río Blanco y Quimsacocha.
Insistió en que por su actividad conoce procesos de una minería a la que llamó responsable y reconoció que fue asesor de I Am Gold. “No tengo conflicto ético, tengo las manos limpias para estar en el cargo y no estoy a favor de nadie”, respondió al ser cuestionado por su relación con la minería.
Mientras, los resultados de la consulta comunitaria fueron entregados esta semana en la Defensoría del Pueblo, Concejo Cantonal, Consejo Provincial y ministerios de Recursos No Renovables y del Ambiente para su ejecución. “De no hacerlo caerían en desacato y las implicaciones son internacionales”, dijo Pérez. Agregó que la próxima semana los entregarán a la Secretaría de las Naciones Unidas, en Quito.
